El Gobierno se querellará contra Roger Torrent si intenta una investidura telemática de Puigdemont

El Gobierno instará acciones judiciales contra Roger Torrent si intenta una investidura telemática de Carles Puigdemont en contra de la ley. El Ejecutivo dará un primer paso impidiendo judicialmente, incluso, la propia celebración del Pleno de investidura fraudulento del fugado. Lo hará si el recién constituido Parlamento catalán sigue en su deseo de nombrarlo presidente.

La posición jurídica ya está hablada y cerrada y el simple hecho de la convocatoria por medios ilegales será considerada como un acto administrativo suficiente para instar el recurso por vía ordinaria a la Justicia con solicitud de suspensión por medidas cautelares.

Otra de las posibilidades pasa por instar al Tribunal Constitucional, una vía en la que, sin embargo, existe debate y es que se supone que el procedimiento que permite una suspensión urgente está pensado para normas con rango de ley y no sólo actos administrativos.

La argumentación jurídica de fondo se apoya en cualquiera los casos en un punto clave: si el único propósito de ese Pleno de investidura es sentar en la Presidencia a una persona en situación ilegal y por medios ilegales, la propia convocatoria es ya recurrible por ser fraudulenta.

En el punto de mira

Pero, además, el Gobierno ha dado ya orden a sus equipos jurídicos de estudiar la repercusión penal de las acciones de los nuevos miembros de la mesa en caso de adoptar medidas para favorecer esa investidura ilegal. Y, en primer lugar, se estudiará el comportamiento del recién nombrado presidente de la Mesa del Parlamento regional: Roger Torrent. Porque su situación no sería muy distinta de la inicial en la que se situó Carme Forcadell: una situación de desacato.

Sea como sea, el trabajo jurídico esta preparado. Hasta ahora se había mantenido el debate de si una alteración del reglamento de la Cámara catalana o una simple convocatoria podía considerarse un acto administrativo con fuerza suficiente para solicitar la suspensión automática. Pero los equipos jurídicos del Estado han confirmado este punto.

La Abogacía del Estado defiende que sí se puede actuar porque se pretende desafiar un mandato previo judicial: el de la comparecencia obligatoria del presidente catalán golpista -hay que recordar que Puigdemont ha esquivado la prisión preventiva por haberse fugado, pero no por decisión judicial-. De hecho, Puigdemont ha optado por no aparecer en España ante la evidencia de que la Fiscalía ya ha reclamado su detención. Por todo ello, en caso de permitirse una investidura de Puigdemont, se estaría privilegiando al fugado frente al grupo de Oriol Junqueras, en prisión.

Convocatoria con fin ilícito

La base legal existe y la decisión política también. El Gobierno está preparado para instar judicialmente a proceder contra la Mesa del Parlamento catalán «si deciden proseguir en su decisión de realizar una investidura que no está amparada por el reglamento de su cámara y que, en caso de reforma, lo será con un fin ilícito», aclara una fuente oficial.

Pero el Gobierno pretende ir más allá. Y es que la actitud que adopten los responsables de la Mesa puede ser constitutiva, de nuevo, de un ilícito. Un factor que deberán tener en cuenta todos los miembros y, especialmente, el nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent, miembro de ERC y que ya tuvo protagonismo en el avance de los trámites ilegales en época de Carme Forcadell.

Si insiste Torrent en realizar pasos prohibidos, el Gobierno estudiará su comportamiento por las posibles consecuencias penales que puedan acarrear. El desenlace de esta pugna, de hecho, será decisivo. Y es que, en caso de que no hubiese más candidato que Puigdemont y su candidatura, obviamente, fuese tumbada legalmente por estar prófugo de la Justicia, los plazos para convocar nuevas elecciones empezarían a contar. Y con ello, la película de este golpe de estado podría volver a su casilla de salida con una nueva cita electoral.